La desalación de La Paz

Del 28 al 30 de mayo pasado se celebró un seminario en la UABCS sobre el uso y la gestión del agua, con ponentes de varias universidades mexicanas, organizaciones no gubernamentales, organismos públicos locales de operación del agua potable y la presencia de especialistas de la Universidad de Murcia, región del sur de España.

El tratamiento del tema fue diverso pero estuvo centrado principalmente en la desalinización como estrategia gubernamental para la solución de los problemas de abastecimiento de agua potable. La presencia de los investigadores españoles permitió ejercer una comparación: España tuvo una sequía en la década de 1990 que obligó a estimular la creación de la tecnología de potabilización del agua salina y su aplicación.

En sus ponencias, sin embargo, los académicos ibéricos mostraron que lo que parece una solución sencilla (desalinizar) acarrea una serie de consecuencias de órdenes cada vez más complejos. Lo expuesto por los especialistas mexicanos reforzó en varios puntos lo comprobado por la experiencia de una década en el sur de España. Particularmente en cuanto a las similitudes de lo sucedido en la región de Murcia y lo que ocurre en Baja California Sur: no sólo Murcia, todo el sur de España no tiene ya más que unos cuantos kilómetros de costa sin casas o condominios. Esto principalmente por dos circunstancias relacionadas estrechamente: autoridades municipales corruptas y la justificación que les dan las plantas desalinizadoras para revaluar terrenos costeros con el objetivo de establecer desarrollos inmobiliarios.

La mayoría de los ponentes mexicanos evidenciaron que lo sucedido en España es algo que se encuentra en proceso en México, en el Golfo de California y en particular en Baja California Sur. Los planeadores, los tomadores de decisiones, las autoridades políticas consideran que el problema del agua es el único impedimento para el crecimiento de los desarrollos inmobiliarios en las zonas costeras del estado. César Nava Escudero del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y Felipe Correa de la UABC presentaron en sus conferencias algunos de los vacíos en las leyes actuales que permiten, en este momento, que se abuse de la tecnología de la desalinización y se haga negocios privados con recursos públicos al colocar desalinizadoras.

Pablo Uribe del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), residente de La Paz, mostró por su parte y con el ejemplo de Paraíso del Mar en El Mogote, que cuando un desarrollo inmobiliario costero establece una planta desalinizadora como la medida principal para compensar el impacto ambiental de su presencia, nunca se considera el impacto ambiental de dicha desalinizadora, un aspecto al que cabe agregar otros elementos: la desalinizadora no comienza a funcionar hasta que el fraccionamiento costero se encuentra terminado. Durante el proceso de construcción, que puede llevar de tres a cinco años, se emplea un agua que tiene que venir de la población local, la cual, aunque sea agua tratada, no fue considerada dentro de la manifestación de impacto ambiental que dio la autorización al desarrollo inmobiliario y, por lo tanto, sus consecuencias no fueron analizadas, ni serán mitigadas.

Estrechamente relacionado a este punto, Uribe explicó que estos impactos ambientales tampoco consideran las consecuencias del crecimiento poblacional que acarrean los nuevos desarrollos inmobiliarios en la zona de costa: por cada casa, cuarto de hotel o condominio, arriban en promedio (Uribe dixit) cuatro nuevos trabajadores a residir en la ciudad donde se encuentra el fraccionamiento (cabe decir que la dra. Aurora Breceda del CIBNOR dio una cifra de más de diez personas en su conferencia). No llegan a vivir al “desarrollo” inmobiliario, sino a la población local.

Pablo Uribe dejó en este punto su exposición de hechos, pero las consecuencias son claras: los nuevos desarrollos turísticos no sólo deberían instalar desalinizadoras para los compradores o usuarios de sus servicios, sino para cubrir sus necesidades durante la construcción de los edificios y servicios anexos. Pero también para cubrir el crecimiento en la demanda de agua que su instalación genera en la población local donde se instalan. De no ser así, la población local los está subsidiando.

En Los Cabos, por ejemplo, la desalinizadora y el agua que produce son propiedad privada. La compañía española Inima vende el agua (un recurso público de entrada) al organismo operador de aquel municipio a 12.5 pesos el metro cúbico, produce 200 litros por segundo al día e invirtió 83 millones de pesos en la construcción de la planta (25 por ciento del total, el resto fue inversión federal). En menos de tres años habrá recuperado su inversión inicial, pero operará la planta por 17 años más. Un buen negocio para los habitantes de Los Cabos hubiera sido que su Ayuntamiento (o la federación) pagara a Inima por la tecnología y la instalación, y el organismo operador del agua potable del municipio, en efecto, como dice su nombre, operara la planta, ahorrándole a los cabeños mil millones de pesos en veinte años. Probablemente no hubieran visto aumentar el precio que pagan por ese servicio en sus recibos.

En La Paz ya hay “grandes avances” en el proyecto para la instalación de una desalinizadora. El director de la Comisión Estatal de Agua Potable (CEAP) ha manifestado recientemente que el metro cúbico de agua desalinizada costará la mitad que en Los Cabos, pero aún así, como señaló el director del organismo operador de agua potable de La Paz en el anterior Ayuntamiento, se trata de seguir el modelo cabeño en todos los sentidos: es seguro que también la trasnacional Inima ganará la convocatoria y su jugoso contrato de veinte años de operación. Lo que no aclaran estos funcionarios es que la nueva planta desalinizadora para La Paz sólo producirá agua para diez mil personas, como la de Cabo San Lucas. Y aquí vivimos casi 300 mil y aumentando. Entonces, ¿a quién beneficia la desaladora y, en especial, cuál es el problema que resuelve?