27 de septiembre de 2009

Parejas del mismo sexo en B.C.S.: un reconocimiento jurídico necesario

El emplazamiento a huelga del Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (SPAUABCS) de marzo de 2009 colocó en los periódicos un tema importante para la sociedad sudcaliforniana, hasta ese momento no abordado por la opinión pública: la unión legal de parejas del mismo sexo (El Sudcaliforniano, 12-iii-09).

La hoja de exigencias laborales que el SPAUABCS discutió en su asamblea en ese mes contenía la demanda de otorgar las prestaciones laborales que se otorgan a los cónyuges de los académicos a sus “parejas del mismo sexo”. La petición fue hecha por un solo profesor de la UABCS, integrada por el SPAUABCS en su orden del día y retirada del pliego petitorio luego de discutirse bajo un argumento cierto: en Baja California Sur no se otorgan derechos civiles a las parejas homosexuales.

Durante la asamblea que discutió el punto (y que resolvería también si el SPAUABCS estallaba la huelga), el tema fue abordado de manera abundante. Pocos profesores se mostraron en contra; alguno hizo alusión a una objeción de conciencia basada en su religión católica. Esto fue muy importante, porque forzó a los académicos de la UABCS a rechazar criterios morales en su decisión de exigir a la Universidad que diera las mismas prestaciones a las parejas del mismo sexo que a las parejas heterosexuales. La discusión no fue pública, pero tenemos el hecho de que sí comunicaron a la sociedad sudcaliforniana su aprobación a este derecho, pese a no incluirlo en el pliego petitorio, dada la inexistencia del reconocimiento jurídico en las leyes locales hacia las parejas del mismo sexo (El Sudcaliforniano, 13-iii.09).

El asunto pasó a la opinión pública de inmediato gracias a los medios impresos, que trataron el asunto con gran delicadeza, sin ironía y aprovechando el término exacto del pliego petitorio sindical: “parejas del mismo sexo”. El hecho es notable y trascendente porque los profesores de la UABCS, así como la propia universidad, han estado sometidos desde hace años a una presión constante desde el exterior por su aparente falta de contribución a la sociedad sudcaliforniana y el supuesto alto costo económico que representan sus prestaciones (aunque el estado de B.C.S. sólo aporta el 15 por ciento del presupuesto universitario). Era de esperar que la petición de aumentar la base de derechohabientes de esta institución hacia las parejas homosexuales fuera tratada con homofobia o con ironía. Al menos públicamente esto no se dio.

Lo sucedido marcó claramente la posición de todos los actores sociales de Baja California Sur. El líder estatal del Partido Acción Nacional (PAN), un partido identificado con el conservadurismo y la jerarquía católica, fue el único político en mencionar públicamente el tema. Se opuso con el mismo argumento utilizado por la rectoría de la UABCS para negar este punto al sindicato académico: las leyes de Baja California Sur no consideran el otorgamiento de derechos conyugales a parejas del mismo sexo. Es decir, mostró solamente que no había precedentes legales. Pero el sindicato académico y la rectoría de la UABCS fueron más proactivos: se pronunciaron abiertamente para exigir que este derecho se legisle en el código civil de la entidad (El Sudcaliforniano, 23-iii-09).

Quienes hicieron un vacío declarativo, exponiendo así su posición formal ante este tema, fueron el gobierno del estado y sus múltiples organismos públicos descentralizados que dan atención a sectores vulnerables. Tampoco ninguna fracción partidista del congreso o el tribunal superior de justicia estatales hicieron comentario alguno en este sentido (no pudo escucharse siquiera un eco), aunque se rigen actualmente bajo una ley contra la discriminación que ellos mismos establecieron.

Parece que el tema de la homosexualidad es todavía es un tema muy incómodo para la clase gobernante sudcaliforniana. Pero mientras no se analicen a profundidad las implicaciones de los derechos de las parejas homosexuales para la igualdad jurídica de todos los individuos en la sociedad sudcaliforniana habrá un campo extenso para la discriminación y la injusticia en Baja California Sur. De esto son responsables los tres poderes del estado sudcaliforniano.

Otorgar seguridad jurídica a las parejas homosexuales está muy lejos de destruir la función social convencional de la familia. Por el contrario, contribuye a generar una importante estabilidad social al promover que las personas homosexuales puedan sentirse plenamente identificadas, tomadas en cuenta y protegidas por la sociedad local. Para esto es necesario evitar los estereotipos sobre la homosexualidad y poner atención al hecho de que existen miles de parejas del mismo sexo con muchos años de compartir su vida, que contribuyen económica, cultural y políticamente con la sociedad y que se encuentran marginadas por el Estado precisamente en el momento de necesitar más de las pocas ventajas que aporta su estructura jurídica.

22 de septiembre de 2009

Un análisis al movimiento lopezobradorista

Programa de RadioAMLO que se transmite desde La Paz, B.C.S., los domingos de 14 a 16 hrs a través de Internet. Éste fue realizado el 20 de septiembre de 2009. Comentamos a partir del minuto 30. Hicimos una pifia al decir que Ramiro Serna es autor de Los usos de Sandino; este libro es de Enrique Camacho Navarro. Pero el argumento de fondo no cambia. Julio Hernández López en su columna 'Astillero' de La Jornada el día 22 de septiembre hace una crítica similar. Hacia el final del programa hablamos de Alternativa 72.

21 de septiembre de 2009

Institutos de cartón


Se dice que fue Napoleón quien acuñó ésta que es la directriz política de casi todos los gobernantes: “Si quieres que algo se haga de inmediato, designa un responsable; si quieres que algo no se haga o se dilate, nombra un comité”. En el caso sudcaliforniano, este comité puede llamarse comisión, consejo o instituto. El Ejecutivo y el Legislativo de Baja California Sur han establecido numerosas entidades de este tipo, bajo una supuesta descentralización, personalidad jurídica y patrimonio propio para la atención de los sectores más vulnerables de la sociedad sudcaliforniana o para dinamizar los procesos sociales de la localidad.

En los hechos, estos organismos carecen de autonomía, recursos y capacidad jurídica adecuada para el cumplimiento de sus funciones. Con raras excepciones, sus directores son designados bajo el esquema de cuotas de poder y se espera de ellos poca iniciativa y presencia pública, ninguna molestia a sus superiores y resultados numéricos que puedan exhibirse como “avances en la materia”. Es fácil calcular que lo más que puede obtenerse de ellos, en estas circunstancias, es una administración de las carencias sociales de los sudcalifornianos, nunca una solución de ellas.

El propio gobierno de Baja California Sur, en su Sistema de Evaluación Pública del año 2008 (aplicado por la Contraloría estatal y disponible en su página de Internet), ha calificado como pobre el desempeño de entidades tan protagónicas de este sexenio (2005-2011) como el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF, 72%), el Instituto Sudcaliforniano de Cultura (ISC, 64%) y el Instituto Sudcaliforniano del Deporte (INSUDE, 55%), pese a contar el primero con todo el respaldo de la primera dama del estado, el segundo con la mayor cantidad de recursos asignados en su historia y el tercero con un director que ha resistido dos sexenios en su cargo.

El peor desempeño, sin embargo, según la evaluación del gobierno del estado, lo tienen organismos cuya función está destinada a mejorar las condiciones de dos de los sectores más excluidos históricamente en el gobierno y en la sociedad sudcaliforniana: las mujeres y los discapacitados. La evaluación interna incluye el análisis de la gestión financiera, ingresos, gastos, control interno, calidad de los servicios y marco legal. Los resultados son muy significativos: el Instituto de la Mujer y el Instituto Sudcaliforniano de Atención a Personas con Discapacidad (ISAPD) tienen un nulo control interno y la calidad de sus servicios es reprobatoria. El Sistema de Evaluación de la Gestión Pública da una calificación promedio general de 47 puntos de cien al ISAPD y 39 al Instituto de la Mujer. Es decir, ninguno de los dos funciona: son dos comités que exhiben el grado de interés del gobernador —responsable de ellos— por las mujeres y los discapacitados.

El caso del ISAPD tiene una explicación que no exculpa a nadie, pero ilustra la manera cómo el gobierno del estado y el congreso local atienden al sector de los discapacitados. La ley que lo fundó en 2002 lo establece como:

un organismo descentralizado de la administración pública estatal, con personalidad jurídica y patrimonios propios, que aplicará y vigilará el cumplimiento de esta ley y coordinará a las instituciones públicas y a los organismos sociales que persigan los fines que de esta normatividad se derivan, en concordancia con los sistemas nacional y estatal de salud. (Art. 6)

Sin embargo, el resto del articulado define sus atribuciones de manera implícita como las de un área más del dif estatal (arts. 14-iv, 17, 20, 24 y 25), duplicando incluso las funciones que éste tiene asignadas para la atención a discapacitados (arts. 48-50, 87, 88 y 91). Un artículo característico de esta paradoja esquizofrénico-jurídica es el 50, que dice textualmente:

Artículo 50.- Corresponde al Ejecutivo del Estado en coordinación del Instituto y de las autoridades del Trabajo en el estado la creación de las agencias de empleo y los centros especiales de empleo y programas de autoempleo como los proyectos productivos, cuyo principal objetivo será asegurar un empleo remunerado a personas con discapacidad; al realizar un trabajo productivo, su promoción y apoyo técnico dependerá del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia. [Énfasis nuestro]

A pesar de la confusión sintáctica en la redacción del artículo puede entenderse, especialmente por su última oración, que el ISAPD es una entidad inerte, un mero espectador sin responsabilidades o iniciativa. Más explícito, el artículo 57, antes de hacer el listado de lo que el Ejecutivo impulsará, promoverá, propiciará y fomentará para el acceso equitativo de los discapacitados a la cultura, la recreación y el deporte, establece que lo hará “en conjunto con el Instituto por conducto del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)”.

Pero es la fracción cuarta del artículo 25 la que define perfectamente la minoría de edad y las discapacidades del ISAPD. Dice a la letra:

IV.- En todo momento e independientemente de los recursos, subsidios y aportaciones económicas del orden publico destinados para el cumplimiento y desarrollo de los planes y programas así como de los fines del propio instituto, éste podrá establecer convenios para la obtención de recursos económicos y de especie que realicen los miembros de Organismos No Gubernamentales y de la iniciativa privada que contribuyan al mismo fin, a través del Sistema Estatal para la Integración de la Familia.

Es decir, en todo caso, el presupuesto del ISAPD (poco más de 1.8 millones de pesos en 2008 y 2009) será controlado por el DIF estatal, su ley de creación mantiene atadas las acciones autónomas que pueda realizar el instituto y no permite la participación del sector de los discapacitados en este organismo: se trata de un órgano que repite los mismos prejuicios, a nivel oficial, que se tiene sobre los discapacitados, pero además los ata a un sistema asistencialista, clientelar y miserable. Es un instituto que no participa, que no puede participar, en el proceso de cambio que requiere la sociedad sudcaliforniana y su gobierno para dejar de excluir a un sector de la población que necesita mucho y que puede, a cambio, aportar de todo, un intercambio justo y ganancioso.

Comparado con ISAPD, el Instituto de la Mujer de Baja California Sur es un ejemplo de que los diputados locales no sólo deben aprobar leyes de creación coherentes. Este instituto cuenta con una auténtica autonomía técnica, gracias a una ley que sólo coloca al organismo bajo la orden directa del Ejecutivo estatal. El estado sudcaliforniano cubre sus sueldos y gasto corriente, pero además puede obtener recursos federales que quintuplican el presupuesto del ISAPD (controlado por el DIF). En 2008, por ejemplo, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, este organismo recibió 5.4 millones de pesos para su “Programa para la prevención, mitigación y erradicación de la violencia de género en el estado de Baja California Sur” (SEDESOL, PAIMEF). Los resultados de este programa, sin embargo, son inasequibles. Lo único que tenemos es la evaluación interna del gobierno del estado que le da la peor calificación de todos los organismos públicos sudcalifornianos (39%).

¿Qué obtienen los discapacitados y las mujeres sudcalifornianas de estas costosas e ineficientes entidades que el gobierno y el congreso crean? ¿Unos pocos puestos de trabajo? Para eso no es necesario crear tantos institutos. Incluso para resolver los problemas no se ocupan tantos. Sólo designar un responsable.

Cada seis años, se supone, la sociedad sudcaliforniana designa un solo gobernador para esto.

17 de septiembre de 2009

Lea Alternativa 72

Alternativa de B.C.S. es una revista crítica y literaria fundada en La Paz el año de 1982. De entonces a 1997 editó 31 números. En una nueva época, a partir de 1999, ha editado 72. Los temas son diversos, centrados en lo que se piensa, se siente y se vive en Baja California Sur. Un índice general de la revista hasta 2006 puede verse aquí.

Desde abril de 2007 abandonamos la periodicidad (más o menos) regular y comenzamos esta aparición repentina, tratando de manera temática asuntos de interés local.

En abril de 2007, el número 70 estuvo dedicado a la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS). Es posible leer todos los textos publicados entonces en esta página blog: http://alternativabcs.blogspot.com/

En febrero de 2009, el número 71 compendió la relación entre ambientalismo y desarrollo turístico. Fue publicado exclusivamente en versión electrónica, con botones para moverse entre el índice y las páginas. Puede leerse desde aquí. Los botones sólo funcionan si se descarga el archivo PDF. Es posible hacerlo libremente desde esta página.

El número 72 aparece este mes tratando el tema de la discriminación en Baja California Sur. Puede leerse desde aquí. Los botones sólo funcionan si se descarga el archivo PDF. Es posible hacerlo libremente desde esta página.

Alternativa de B.C.S. es un esfuerzo independiente, ciudadano y sin fines de lucro. Pueden recibirse apoyos a través de ONG locales de B.C.S. para su impresión; puede imprimirse y repartirse entre quien no tiene computadora con este consentimiento expreso del editor (respetando la integridad creativa de los autores de los textos e ilustraciones). Será muy apreciada la difusión por este medio y, especialmente, la lectura crítica y futuras aportaciones que se nos envíen.

El número 73 está en proceso de edición y aún recibe colaboraciones (dirigirlas por favor a este correo). El tema es el arte y la cultura en Baja California Sur.

Cordialmente,

Sandino Gámez Vázquez
Director de Alternativa de B.C.S.