Sandino
Gámez Vázquez
Me
incluyo entre los muchos sudcalifornianos que están extrañados de
que el gobierno del estado haya hecho uso de la fuerza con el
propósito de terminar el plantón que ha colocado una parte muy
importante de la población originaria de Todos Santos y El Pescadero
contra un proyecto inmobiliario estadunidense.
El
Estado tiene el privilegio legal del uso de la fuerza, pero hemos
visto en persona y seguido en libros que han cruzado cientos o miles
de años que el uso de la fuerza, aunque sea legítima, sólo produce
más violencia. Por eso la justicia sólo la admite en legítima
defensa. Un gobierno que basa su autoridad en el uso de la fuerza
para resolver asuntos políticos es un gobierno muy débil.
¿Quién
desea en el gobierno del estado que haya violencia contra movimientos
sociales en Baja California Sur? Este caso es además muy sensible:
se han documentado decenas de casos en el que las empresas
inmobiliarias extranjeras han despojado de su tierra y el acceso a
los recursos naturales en nuestro estado. De entrada, la historia
reciente de Sudcalifornia está con los pescadores. Así como
nosotros.
Más
aún, dado que el Poder Ejecutivo, por voz del Secretario General de
Gobierno, ha justificado la medida de fuerza como necesaria y en el
mismo día de su declaratoria el juzgado segundo de distrito (Poder
Judicial) ha dado el amparo a los socios de la Cooperativa Punta
Lobos, la posición del Gobierno del Estado de Baja California Sur ha
quedado en entredicho. ¿Qué queda después del uso de la fuerza?
Los pescadores continúan su plantón y cada vez somos más los que
estamos con ellos, así sea de corazón y opinión.
Una
consecuencia de esta acción policíaca en favor de una empresa
inmobiliaria extranjera es hacer evidente el riesgo de la
concentración del uso de la fuerza pública en una sola instancia.
En esto cabe sonar la alarma a todos los sudcalifornianos.
No
debe haber un mando único policial en Baja California Sur bajo la
dirección del encargado de la política interna del estado. Es mejor
que exista una o varias corporaciones de policía estatales y cinco
municipales en Baja California Sur. Es mejor para evitar
arbitrariedades peligrosas similares o peores a la que este 2 de
febrero de 2016 hemos visto en Punta Lobos de Todos Santos.
El
poder de la fuerza pública no puede quedar en manos de una sola
entidad que decide, sin orden judicial, el desalojo de trabajadores
que están resguardando su fuente de trabajo.
Días
antes de esto, autoridades estatales han hostigado con acciones
judiciales a los líderes de los trabajadores en plantón y han
acusado absurdamente de “invasión de propiedad privada” y
“obstrucción de vías de comunicación” a quienes documentan y
difunden todos los eventos de esa justa lucha.
No
hay nada más odioso que el uso del aparato estatal para fines
particulares represivos. Es un doble mal uso de los recursos
públicos.
¿Cómo
cerrará el nuevo gobierno la brecha profunda que esta acción ha
provocado en la sociedad que le dio su confianza en las urnas? ¿Cómo
se compensará el daño que se ha realizado a la imagen de la policía
estatal ante la opinión pública?
sandinogamez@gmail.com